Prohibirán las denuncias frívolas; Senado aprueba reforma político-electoral

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de diciembre.- El pleno del Senado aprobó la reforma constitucional en materia político-electoral en la que se ordena sancionar la “promoción de denuncias frívolas” en el ámbito de los comicios, que consisten en acusaciones que carecen de pruebas. Con 106 votos en favor, 15 en contra y una abstención, la iniciativa avalada fijó el mínimo de 5% el rebase del tope de gastos de campaña para que proceda la anulación de un triunfo electoral, sobre todo si la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor a cinco puntos porcentuales. El Senado incorporó las causales de nulidad de elecciones federales y locales “por violaciones graves, dolosas y determinantes”, en el artículo 41, donde aclara que en este caso se convocará a una elección extraordinaria en la que no podrá participar el candidato sancionado. También se crearon candados para el nacimiento de partidos políticos, como es la intención de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, y para que también sobrevivan los pequeños que, para conservar el registro, estarán obligados a obtener al menos 3% de la votación nacional. Si son de nueva creación, tendrán prohibido ir en alianza con otros partidos. La paridad de género será una obligación para la definición de candidaturas federales y locales. Entre otros puntos se confirma la creación del INE, la reelección de legisladores y la creación de la Fiscalía General de la República que sustituirá a la PGR en 2018. Rebase de 5% podrá tirar una elección El nuevo marco legal da relevancia a los topes en gastos de campaña y fija multas para denuncias “frívolas” durante los procesos electorales. El Senado aprobó ayer que se apliquen sanciones a la “promoción de denuncias frívolas” en materia electoral, que consisten en la denuncia de irregularidades que carecen de pruebas; además, fijó el mínimo de cinco por ciento el rebase del tope de campaña para que proceda la anulación de un triunfo electoral, sobre todo si la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor a cinco puntos Con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención del PRD, el pleno del Senado aprobó la reforma constitucional en materia político-electoral, que introduce en el artículo 41 que la nulidad de las elecciones federales y locales será por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando “se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto autorizado. “Se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley –que sean pagadas y no en tiempos oficiales del Estado— y cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. “Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento”, dispone. Aclara que en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada. En el régimen transitorio dispone que en la ley general que regulará los procedimientos electorales deberá incluirse “las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia”. La reforma aprobada por el Senado termina con el sistema federalizado de elecciones, al desaparecer el IFE, eliminar la autonomía de los institutos electorales estatales, que ahora se denominarán “organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral” y al facultar al Senado a nombrar a los magistrados electorales estatales, con lo cual los Congresos estatales no tienen facultades ya para elegirlos. El nuevo modelo electoral regresa al centralismo, con la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros serán seleccionados por una comisión integrada por representantes de la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); serán electos por la Cámara de Diputados, pero si ésta rebasa los tiempos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación los nombrará. Este nuevo INE elegirá a los consejeros electorales estatales y será el responsable de los comicios en todo el país, aunque se auxiliará de los institutos estatales, pero si detecta que en la entidad de la que se trate existe intromisión de los gobiernos o se generan condiciones de inequidad, podrá atraer la organización de ese proceso electoral y hacer a un lado al instituto. Pero la reforma político-electoral también dispone que la Procuraduría General de la República (PGR) desaparecerá a partir del 2018, para que nazca la Fiscalía General de la República, completamente autónoma del Poder Ejecutivo y que se auxiliará de las fiscalías en materia electoral y en materia de corrupción. Fin a 80 años de no reelección De igual forma, rompe 80 años de resistencia a la reelección y dispone que los diputados federales y estatales tendrán derecho hasta cuatro elecciones para quedarse en la curul hasta 12 años; los primeros en beneficiarse de ella serán los legisladores que sean electos en 2015; es decir, en los próximos comicios federales. Mientras, los senadores tendrán derecho hasta dos elecciones, lo cual les permitirá estar 12 años en su escaño; y los primeros beneficiados de estas nuevas reglas serán quienes lleguen al Senado en el 2018; es decir, cuando concluya el periodo de los actuales legisladores federales. Como lo informó Excélsior desde la semana pasada, con esta reforma los senadores y diputados federales podrán elegirse hasta completar 12 años en una Cámara, y de ahí podrán saltar a la otra y competir por otros 12 años, y así de manera sucesiva, pues no anula la regla de que los legisladores federales pueden cambiar de una a otra Cámara federal o estatal. Para el caso de los presidentes municipales, regidores y síndicos, se reelegirán por una sola ocasión. “Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años”, dice el dictamen aprobado por el Senado. Dispone que tanto los legisladores federales, estatales, alcaldes, regidores y síndicos pueden postularse por la reelección “por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiere postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”; es decir, que puede cambiarse de partido o convertirse en candidato independiente. PRI resalta alcance de las enmiendas Cristina Díaz Salazar, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), confió en el trabajo legislativo para la aprobación de la reforma político-electoral en el Senado. “Es una reforma que tiene un gran trabajo y mucha voluntad política de los grupos parlamentarios que integramos el Senado. Se estuvo trabajando por muchas horas, y se logró llegar a un dictamen que puedes presentarlo al pleno con la seguridad de que tendrá la simpatía de los votos necesarios para transitar a la reforma constitucional de 24 artículos”, apuntó. En entrevista con Yuriria Sierra para Grupo Imagen Multimedia, la priista explicó que uno de los temas sobresalientes de la reforma será la reelección legislativa a nivel federal y local, así como en los ayuntamientos en un periodo máximo de 12 años a partir de 2018 y 2024. “También se abrieron las candidaturas ciudadanas, por lo tanto están las dos opciones y las dos vías. Pero también hay una opción que da libertad para que aquel representante popular a la mitad de su periodo legislativo o de presidencia municipal que decida renunciar a su partido o pierda el derecho de ser militante, le permita tomar la opción de reelegirse”, previó. Respecto a la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE), la senadora consideró que el nuevo órgano tomará el control desde lo nacional hasta lo local, por lo que será integrado por 11 consejeros electorales. “Los órganos locales se integrarán por propuestas en el seno del pleno del Instituto Nacional Electoral, y desde ahí se hará la elección de los consejeros locales. En el caso de los organismos jurisdiccionales, llámese Tribunales, la elección de los magistrados pasará al Senado”, explicó. De acuerdo con Díaz Salazar, otros temas torales de la reforma son el gobierno de coalición, así como la creación de dos fiscalías federales y autónomas especializadas en materia de delitos electorales y en combate a la corrupción. “Para las mujeres es un avance importante, la igualdad de género, las candidaturas 50-50 a nivel federal y local”, puntualizó. Ponen el toque femenino Las senadoras de todos los partidos se rebelaron anoche para exigir y lograr que la paridad de género sea una obligación constitucional para la definición de las candidaturas legislativas a nivel federal y estatal. Después de 48 horas continuas de insistir en este punto, porque los senadores varones que encabezaron la negociación de la reforma política, decidieron dejar en el régimen transitorio la referencia de que los partidos políticos deben respetar la paridad de género, anoche, las senadoras implementaron una estrategia exitosa que llevó a sus compañeros a votar con ellas. Las senadoras cabildearon entre ellas durante algunas horas, mientras avanzaba el dictamen de la reforma política. Diva Gastélum, del PRI; Angélica de la Peña, del PRD, y Marcela Torres Peimbert, del PAN, comenzaron a acercarse a sus compañeras para que cerraran filas. Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, que es una de las comisiones que dictaminó la reforma política, fue la primera en respaldarlas en la estrategia; cada una habló con sus compañeras de grupo parlamentario e invitaron a las petistas Martha Palafox y Ana Gabriela Guevara, así como a Mónica Arreola, de Nueva Alianza y a Layda Sansores del Movimiento Ciudadano. Fue Angélica de la Peña quien puso en la mesa la modificación. Argumentó que llevar la paridad de género a los transitorios es señal de discriminación. Planteó que en el artículo 41 se introduzca que los partidos políticos deberán prever “las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas legislativas federales y locales”. Marcela Torres también subió a la tribuna. Habló de que este Senado ha mostrado que el trabajo entre ellos es posible y los ritmos de resultados son similares; instó a sus compañeros a respaldar este esfuerzo de las mujeres. Diva Gastélum, del PRI, también fue a la tribuna. Le aplaudieron los senadores del PAN y el PRD. Ella habló desde la tribuna del compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de fomentar la igualdad de género; de los esfuerzos que ha hecho y recordó la iniciativa que presentó, que si bien se refiere a una ley secundaria, eso no implica que no esté de acuerdo en que este principio se lleve a la Carta Magna. Interrogada al respecto, Cristina Díaz, recordó que para el Ejecutivo federal como para el Poder Legislativo, la igualdad es un sinónimo de pluralidad y, por supuesto, también de certeza; “no podemos pensar en un país en donde exista aún la brecha del género; por ello el que en esta reforma política se logre ese equilibrio para el Legislativo, habla de un tema fundamental al que todos asistimos y se llama democracia”.